No es tema baladí.
Por un lado, el peso electoral que suponen nuestros jubilados y jubiladas en el resultado total en cualquier proceso electoral es una losa demasiado pesada para tratar este tema con la altura de miras necesaria y no perderse en el tajo jugoso de hacer de este tema óbice en materia de propaganda electoral. Por otro y derivado del anterior razonamiento, poner en jaque la sostenibilidad de miles de familia dependientes de este ingreso, aunque sea para la próxima remesa de jubildados y jubiladas, es llevar todas las papeletas del batacazo electoral del partido que pilote semejante medida. ¿La justificación del Gobierno? Beneficiar a aquellos trabajadores y trabajadoras que cotizaran mayor cuantía en sus orígenes laborales y/o proteger al colectivo de los efectos nocivos de la crisis económica más aguda desde la Gran Depresión, siendo esta elección opcional a criterio del interesado/a.
Con las encuestas mordiéndoles el tobillo por una parte -la última publicada por el periódico El País confirmaba el sorpasso del equipo naranja realizada tras la contienda electoral catalana-, y por la otra el límite formal del Plan de Estabilidad Presupuestaria de la UE (acuérdese, un margen del 3% entre ingresos y gastos) unido a la responsabilidad de gobierno, que no permite el incremento del gasto público en ninguno de los pilares del Estado del bienestar ni ninguna otra partida presupuestaria -si no se apuesta por recabar más dinero vía ingresos-, ¿debemos creer la justificación de la Ministra? ¿Está pensando en el beneficio de trabajadores y trabajadoras golpeados por la crisis? ¿Bruselas va a permitir esta política pública?
Parece poco plausible.
La inflación y el IPC en la década de los ochenta y principio de los noventas revalorizaron los salarios sustancialmente, así que parece poco probable que algún trabajador -excepto aquellos que tuvieron algún traspiés a lo largo del curso profesional- opte por esta medida, sobre todo porque, en materia de gasto público, el gobierno del PP está con el agua al cuello al mostrarse incapaz de abordar frontalmente una política fiscal capaz de voltear este 3% y gastar más ingresando lo mismo, consecuentemente, no cabe en la agenda.
Ahora habrá que esperar la valoración de partidos de izquierda y sindicatos y, así lo deseo, una justa contrapropuesta que ponga el acento en una política fiscal más eficiente y justa que evite el golpe a los futuros pensionistas. Y que vaya este tema en la agenda de la patronal año sí y año debería darnos una pista sobre el modelo de convivencia que nos plantea el gobierno conservador desde La Moncloa.
Tampoco es aleatorio la forma en que la Ministra presenta la medida: en televisión pública. Una política pública que afecta a un colectivo de futuro y una política pública en su fase embrionaria -declaración de intenciones- hace muy complicado para los agentes sociales rearmar una movilización a la altura. Noam Chomsky podría apuntar un par de cosas sobre la forma en que se presenta esta medida. Yo me quedo con esta reflexión:
¿Qué pasará con nuestras pensiones?
